La polémica por el denominado “festival de créditos” sumó un nuevo capítulo con impacto directo en el Gabinete nacional. La salida de un funcionario clave del Ministerio de Capital Humano expuso la creciente tensión política en torno a los préstamos hipotecarios otorgados a dirigentes del oficialismo, en medio de denuncias judiciales y pedidos de informes en el Congreso.

El episodio golpea de lleno a la gestión encabezada por Javier Milei, que había hecho de la austeridad y el ajuste del gasto público uno de sus principales ejes discursivos.

Pettovello pidió la renuncia en medio del escándalo

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió apartar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que se conociera que accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación por más de $400 millones.

Si bien la salida fue presentada formalmente como una renuncia, en el oficialismo admiten que se trató de un pedido directo de la ministra para contener el impacto político del caso.

Massaccesi había asumido en agosto de 2024 y contaba con antecedentes en la Auditoría General de la Nación. Su nombre surgió a partir de un relevamiento basado en datos de la Central de Deudores del Banco Central, procesados por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, que reconstruyó el nivel de endeudamiento de distintos funcionarios.

Denuncias penales y sospechas de irregularidades

El caso no quedó circunscripto al ámbito político. La diputada Mónica Frade presentó una denuncia penal para investigar posibles delitos como tráfico de influencias, abuso de autoridad y administración fraudulenta en la asignación de créditos.

Según el planteo judicial, el volumen total de préstamos bajo sospecha superaría los $2.500 millones, distribuidos entre funcionarios y legisladores oficialistas.

Entre los nombres mencionados aparecen dirigentes como Felipe Núñez, Federico Furiase y Juan Pablo Carreira, además de los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde.

Frade sostuvo que los créditos otorgados “no se corresponderían con los ingresos ni la capacidad de repago” de los beneficiarios y advirtió sobre la posible existencia de una “colusión” dentro del sistema.

En paralelo, el diputado Esteban Paulón impulsó un pedido de informes para conocer en detalle las condiciones de otorgamiento.

La defensa del oficialismo y del Banco Nación

Desde el oficialismo rechazaron las acusaciones y defendieron la legalidad de las operaciones. Bongiovanni aseguró que accedió a un crédito en condiciones generales y calificó las críticas como “maliciosas”.

En la misma línea, Campero sostuvo que los cuestionamientos responden a una intencionalidad política en un contexto de fuerte polarización.

Por su parte, el Banco Nación defendió su operatoria y aseguró que los créditos se otorgan bajo criterios homogéneos, sin excepciones. No obstante, reconoció que existen líneas específicas para empleados del sector público con condiciones diferenciales.

Más nombres bajo la lupa y tensión creciente

La controversia también alcanzó a la diputada Lorena Villaverde, quien accedió a un crédito por $227 millones en enero de 2025.

Según trascendió, su solicitud habría sido inicialmente rechazada en una sucursal, pero luego aprobada tras gestiones a nivel central, lo que alimentó las sospechas dentro del propio sistema financiero.

La legisladora salió al cruce de las acusaciones y exhibió su certificado de antecedentes penales para rechazar cualquier vinculación con irregularidades.

Un conflicto que golpea el discurso oficial

El escándalo por los créditos se da en un contexto de ajuste económico, caída del poder adquisitivo y restricciones al acceso al financiamiento para gran parte de la población.

En ese escenario, la polémica no solo tiene impacto judicial y político, sino también simbólico: pone en discusión la coherencia del discurso oficial en materia de austeridad y transparencia.

Con la causa en marcha y el Congreso involucrado, el “festival de créditos” se consolida como uno de los focos de mayor tensión para el Gobierno en las últimas semanas.