En un nuevo embate contra las empresas estatales, el Gobierno nacional oficializó la posibilidad de privatizar Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa encargada del suministro de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo modificó el marco regulatorio vigente y habilitó la incorporación de capital privado, la enajenación de acciones estatales y la suspensión del servicio a usuarios morosos.

El nuevo esquema legal redefine las condiciones de propiedad y gestión de AySA, eliminando las restricciones que hasta ahora impedían la transferencia de acciones. A partir de esta reforma, el Estado nacional podrá vender parcial o totalmente su participación en la empresa, lo que marca un punto de inflexión en la política de servicios públicos en la región más poblada del país.

Además de la habilitación para privatizar, la normativa establece nuevas facultades para la concesionaria. Entre ellas, se destaca la posibilidad de interrumpir el suministro ante la falta de pago, una medida que hasta ahora estaba limitada por criterios sociales y sanitarios. También se amplían las atribuciones de control técnico sobre obras y se permite utilizar los ingresos operativos como garantía para acceder a financiamiento destinado a infraestructura.

Nueva etapa de gestión: control técnico, financiamiento y transición

La reforma instruye a la Agencia de Planificación (APLA) a desarrollar un Plan Director de Mejora Estratégica, con el objetivo de definir prioridades de inversión, buscar fuentes de financiamiento y establecer mecanismos para ampliar la cobertura del servicio. Este plan será clave en la transición hacia una gestión mixta o completamente privada, con la posibilidad de aplicar un régimen de adecuación progresiva durante un período máximo de cinco años.

Según el texto oficial, esta transformación responde a la necesidad de garantizar un servicio eficiente, sustentable y capaz de expandirse frente al crecimiento poblacional y la demanda creciente de infraestructura. El Gobierno justifica la medida en el contexto de una "profunda crisis económica" que restringe la capacidad del Estado para sostener la prestación actual, argumentando que el modelo estatal vigente ya no resulta funcional ni viable frente al deterioro operativo y financiero de la empresa.

Un cambio estructural en el mapa de los servicios públicos

La decisión del Ejecutivo sienta las bases para una de las privatizaciones más relevantes desde la década del 90, y anticipa un nuevo modelo de gestión de servicios públicos con eje en la participación privada. AySA, que presta servicio a más de 14 millones de personas, pasará a estar sujeta a reglas de mercado más estrictas, tanto en lo financiero como en lo operativo.

Con este decreto, el Gobierno de Javier Milei avanza en una de las reformas estructurales más profundas de su gestión: redefinir el rol del Estado en áreas estratégicas, abrir el juego al capital privado y trasladar parte del riesgo económico a los usuarios y a los futuros inversores.