En medio de una creciente tensión por la intervención estatal en Osprera, la segunda obra social más grande del país, el Gobierno decidió dar de baja un contrato millonario con la empresa tecnológica HTECH Innovation S.A., fundada por Sergio Andrés Aguirre, socio comercial de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

La resolución fue firmada este lunes por Marcelo Petroni, actual interventor de la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), quien ordenó además la apertura de dos auditorías —una interna y otra externa— para evaluar la legalidad y transparencia de la contratación. La medida se adoptó tras la difusión pública de presuntas irregularidades en la facturación de la empresa y en el marco de una investigación judicial ya en curso.

Según la documentación a la que accedieron medios nacionales, HTECH Innovation fue creada en abril de 2024, pocos meses después de la asunción de Javier Milei, y comenzó a trabajar con Osprera bajo la gestión de la primera interventora, Virginia Montero. Lo llamativo es que las primeras facturas emitidas por la firma —las N°0000001 y 0000002— fueron dirigidas directamente a la obra social, lo que indica que Osprera habría sido su primer y único cliente al momento de comenzar a operar.

Además, se supo que Aguirre mantiene una sociedad activa con Menem en la empresa TR Nutrition, dedicada a la importación y comercialización de suplementos dietarios. El vínculo fue confirmado por las declaraciones juradas del propio diputado, quien posee el 50% del capital accionario de esa compañía.

En noviembre de 2024, HTECH Innovation ya había recibido dos pagos por más de $47 millones por parte de Osprera, y se estima que la facturación mensual oscilaba entre $16 y $20 millones, acumulando más de $150 millones hasta la fecha en que se suspendió el convenio.

El caso suma un capítulo más tras la revelación de que, en julio, Aguirre y la entonces interventora Montero habrían ingresado juntos a la Casa Rosada, donde se reunieron con Eduardo “Lule” Menem, primo de Martín y figura clave en la estructura de gobierno. Desde el Ejecutivo niegan cualquier intervención de los Menem en la contratación de la empresa y aseguran que no existieron gestiones políticas para favorecerla.

La auditoría, que estará a cargo de una nueva Unidad Especial de Compliance y Ética creada por Petroni dentro de la obra social, buscará establecer si existieron sobreprecios, servicios ficticios o conflictos de interés. También se contratará a una firma externa para llevar adelante una evaluación independiente.

La intervención de Osprera fue ordenada por el Gobierno en 2024 tras detectarse un déficit operativo de $5.000 millones mensuales y una deuda acumulada de $80.000 millones con prestadores y droguerías. Ahora, el foco está puesto en determinar si las contrataciones posteriores respetaron los principios de legalidad, transparencia y eficiencia exigidos por la administración pública.

El expediente judicial tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, quien ya recibió ampliaciones de denuncia por parte del entorno del ex titular de Uatre, José Voytenco, en abierta confrontación con la actual intervención. Mientras tanto, el escándalo vuelve a poner bajo la lupa los vínculos entre la política y los negocios en el manejo de los fondos de las obras sociales.