Explosión en Ezeiza: el incendio que abrió un expediente político, empresarial y de control estatal
17 de noviembre de 2025
Mientras los peritos comienzan a hurgar entre los restos del Polígono Industrial de Spegazzini, emerge un interrogante más amplio que el origen de la explosión: el régimen de habilitaciones, la fragilidad de los controles y el mapa de intereses que rodea a uno de los parques industriales más grandes del sur bonaerense.
Redacción La Plata Diario
La escena que ofrece hoy el parque industrial de Ezeiza es, en términos estrictos, la de un crimen sin autor: estructuras retorcidas, depósitos hundidos y un vacío material que obliga a reconstruir —casi arqueológicamente— lo ocurrido. Pero en términos institucionales, el episodio abre otra discusión: el sistema de control con el que conviven industrias de alto riesgo químico en plena área metropolitana.
La fiscal Florencia Belloc, de la UFI N°1, ordenó las pericias una vez dominado el fuego. Esa secuencia, que parece un dato técnico, revela un problema mayor. Para los investigadores, parte de la prueba pudo haberse perdido durante el combate del incendio. No es un detalle: determinar si hubo error humano, falla de infraestructura o un hecho intencional condicionará millones de dólares en indemnizaciones y, eventualmente, responsabilidades penales.
El punto crítico es Logischem, la planta de agroquímicos donde —según las primeras hipótesis— se habría originado el siniestro. Allí, una posible fuga de gas habría actuado como catalizador del incendio inicial. Si ese primer foco fue accidental o derivó de fallas en los sistemas de seguridad será el corazón del expediente. A su alrededor, otras empresas devastadas: Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y la distribuidora Salón. Un mapa diverso, que convive bajo un mismo paraguas normativo cuya solidez ahora queda bajo sospecha.
Las declaraciones del ingeniero Francisco Risa introducen un matiz: la explosión es consecuencia del fuego, no su causa. Es decir, hubo un tiempo previo, una ventana crítica donde los sistemas de protección —según su análisis— no lograron contener la propagación. Para un perito es un dato técnico; para la Justicia, un dato político.
En paralelo, aparece otro actor silente pero determinante: las aseguradoras. En un predio donde cada planta está valuada en millones de dólares, el origen del siniestro no es solo una verdad jurídica, sino la clave para decidir quién paga. “Trabajo arduo”, lo define Risa. La expresión es elegante para lo que en realidad será una disputa de meses entre empresas, aseguradoras y peritos.
El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, justificó que se dejara consumir el fuego para evitar manipular prueba sensible. Esa explicación, que busca anticiparse a futuras críticas, deja entrever el temor político: que la investigación exponga debilidades en el sistema de habilitaciones municipales o falencias en los controles que deben auditar procesos industriales de riesgo elevado.
La onda expansiva, que se escuchó a más de 15 kilómetros, fue física. Pero su réplica institucional recién empieza. Porque lo que se quemó en Ezeiza no fue solo un complejo industrial: fue también el relato de un sistema de control que, de confirmarse las fallas, habrá sido tan inflamable como los químicos que lo habitan.
Redacción La Plata Diario
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