En el expediente que culminó este martes, la destitución de Julieta Makintach parece menos una sanción personal que un mensaje institucional. El jurado de Enjuiciamiento —presidido por la titular de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Hogan— resolvió por 11 votos unánimes que la jueza había quebrado la frontera esencial de su cargo: la de actuar con discreción, distancia y sobriedad en un proceso penal de enorme visibilidad. El detonante no fue una resolución mal fundada o un exceso procesal, sino algo más inquietante: convertirse en protagonista de un documental sobre el juicio que debía dirigir.

El caso expone un rasgo de época. La Justicia, cada vez más presionada por la exposición pública, enfrenta una tensión permanente entre la transparencia y el narcisismo. El tribunal lo sintetizó con una frase que quedará en el archivo: “Cuando se encienden las cámaras, corre peligro que el ego de un juez apague la justicia”. Esa idea, más que una sentencia contra Makintach, funciona como una radiografía de un Poder Judicial que convive con la tentación de la notoriedad.

El jury analizó seis audiencias y produjo una sentencia de 115 páginas. La acusación, impulsada por la fiscal Analía Duarte y el Colegio de Abogados de San Isidro, reconstruyó con detalle cómo la magistrada conoció, avaló y condicionó el desarrollo del documental “Justicia Divina”, cuyo guion, títulos y enfoque ya estaban elaborados mientras aún se debatía la responsabilidad penal por la muerte de Diego Maradona. No se trataba, según el fiscal, de una aparición tangencial: la productora la definía como “la jueza del caso”, la pieza central de la narrativa audiovisual.

Esa doble identidad —jueza y personaje— habría vulnerado uno de los principios cardinales de la magistratura: la imparcialidad perceptible, aquella que no sólo debe existir sino parecer indiscutible. El tribunal concluyó que Makintach privó a los acusados de un “juez natural” y que actuó “con motivaciones ajenas a su función”. La sentencia es inequívoca: queda destituida, inhabilitada para volver a ocupar un cargo judicial y sin derecho a la jubilación propia de los magistrados.

El contraste con su expectativa inicial —que el gobernador Axel Kicillof aceptara su renuncia y le permitiera reinsertarse en el sistema judicial— resulta elocuente. La jueza había afirmado antes del fallo que deseaba “irse en paz”. El jurado, que deliberó su decisión el fin de semana, dio una respuesta distinta: el daño causado al Poder Judicial, según sostuvo, trascendió su voluntad personal.

La presencia de Verónica Ojeda, su hijo Dieguito Fernando y el abogado Mario Baudry en la audiencia añadió un componente simbólico al cierre de un proceso donde la muerte de Maradona —ya convertida en una saga judicial, médica, mediática y política— volvió a exponer la erosión institucional en torno a figuras públicas. Pero como señaló uno de los conjueces, la gravedad no depende de la fama de la víctima: el estándar es idéntico para cualquier ciudadano.

Detrás del episodio late una inquietud mayor. El caso Makintach plantea un interrogante sobre los límites de la comunicación judicial en tiempos de plataformas, documentales y audiencias en vivo. ¿Hasta dónde puede exponerse un juez sin comprometer la esencia de su rol? La respuesta del jury fue categórica: cuando la búsqueda de notoriedad se vuelve parte del expediente, el sistema debe intervenir.

La resolución será remitida a la Suprema Corte en los próximos días. Pero el mensaje ya quedó establecido: la Justicia no puede ser, simultáneamente, objeto del juicio y protagonista del show. En ese desorden, sostiene el tribunal, se pierde algo más profundo que una causa: se pierde el principio que legitima el ejercicio mismo de la magistratura.