Un nuevo capítulo de turbulencia institucional golpea al gobierno argentino: el presidente Javier Milei y el influyente dirigente misionero Carlos Rovira fueron denunciados este martes por su presunta responsabilidad en la desactivación de la ley Ficha Limpia, una normativa que impide a condenados por corrupción ocupar cargos públicos.

La denuncia, presentada ante la Justicia Federal por un grupo de legisladores opositores y organizaciones civiles, acusa a ambos líderes de haber pactado en secreto la suspensión de la ley en Misiones —una de las pocas provincias que había adherido al esquema nacional de transparencia política— a cambio de apoyo legislativo clave para el oficialismo libertario.

La ley Ficha Limpia, que se inspira en modelos brasileños y que busca depurar las listas electorales de funcionarios con prontuarios judiciales, había sido aprobada en Misiones en 2022. Sin embargo, en una maniobra sorpresiva, el Tribunal Electoral provincial la dejó sin efecto alegando "incompatibilidades constitucionales", decisión que fue interpretada por muchos como una señal del poder de Rovira, eterno conductor del oficialismo local, incluso sin cargo formal.

La acusación apunta directamente al presidente Milei, quien en campaña había prometido una “limpieza total de la casta política” y ahora se ve señalado por presuntamente haber negociado con uno de los exponentes más emblemáticos del poder feudal del norte argentino. “No se puede hablar de libertad si se pacta con la impunidad”, declaró la diputada nacional Graciela Ocaña, una de las impulsoras del proyecto.

Desde Casa Rosada, por el momento, reina el silencio. Milei no ha respondido públicamente a las acusaciones, mientras que allegados a Rovira desestimaron la denuncia como una "operación mediática de la oposición".

El escándalo amenaza con erosionar el discurso moralizador del gobierno libertario, en un momento crítico donde la calle comienza a mostrar signos de hartazgo frente al ajuste económico y la falta de respuestas sociales. En paralelo, se reaviva el debate sobre la vigencia y aplicación real de mecanismos de control ético en la política argentina, muchas veces proclamados con fervor y abandonados con pragmatismo.

Mientras la Justicia decide si abre una investigación formal, el pacto Milei-Rovira ya es tema de conversación en todos los pasillos del poder.