En la causa que avanza en los tribunales federales, el nombre de Diego Spagnuolo —ex titular de la ANDIS— aparece en el centro de un engranaje que, según la fiscalía, combina recaudación informal, triangulación con droguerías, y un súbito ensanchamiento patrimonial difícil de justificar con un salario público congelado. Esa ecuación, clásica en expedientes de corrupción, reaparece ahora con un elemento que no sorprende a los investigadores: una remodelación millonaria en una casa de un barrio cerrado de Pilar.

La cronología importa. En septiembre de 2024 comienza, según los registros del country Campo Grande, un flujo inusual de personal de obra. Ese movimiento se extiende hasta febrero de 2025. Se trata —en palabras del fiscal Franco Picardi— de una “reforma sustancial y onerosa”. El punto neurálgico es otro: el patrimonio declarado por Spagnuolo no se modifica. En términos contables, los gastos desaparecen. No hay merma, no hay correlato económico. Como si una obra de magnitud pudiera ser ejecutada sin impacto financiero. Una anomalía que, de confirmarse, no solo delata opacidad, sino una posible financiación por fuera de la economía declarada.

La escena se completa con hallazgos más prosaicos pero igual de elocuentes: 82.000 dólares y casi 3.000 euros en una caja de seguridad, jamás informados; resúmenes de tarjeta con consumos que duplican su ingreso formal; y un detalle casi literario: una máquina de contar billetes, secuestrada durante un allanamiento. Objetos que, aislados, podrían ser extravagancias; reunidos, componen el retrato de un funcionario cuya vida económica discurría por un carril paralelo.

El fiscal sostiene que ese carril se alimentaba de un circuito irregular administrado por Miguel Ángel Calvete, descrito en la causa como una suerte de “jefe para-estatal” del organismo. Un intermediario entre droguerías y decisiones administrativas, asistido por operadores sin cargo formal y con un flujo de fondos cuya lógica se reconstruye a través de mensajes, audios y visitas registradas por cámaras de seguridad. Entre ellos, un pedido de $5 millones, ejecutado con la naturalidad de quien mueve dinero ajeno con regularidad; o reuniones en la casa de Calvete y en el country de Pilar, donde la visita de Spagnuolo —con mochila incluida— quedó documentada.

En un país donde los organismos creados para asistir a poblaciones vulnerables suelen transformarse en territorios donde florecen intermediarios, sobreprecios y favores, el caso ANDIS devuelve la incómoda pregunta de siempre: ¿cuánto del Estado funciona realmente como Estado, y cuánto como plataforma discrecional para financiar lealtades, campañas o estilos de vida incompatibles con el salario público? La indagatoria del miércoles será apenas el prólogo de una trama que, por su volumen —se habla del desvío de $37.000 millones— y por la cantidad de involucrados, amenaza con escalar.

La Justicia deberá determinar si todo esto fue una suma de excesos individuales o la expresión de un sistema: un modo de operar donde la función pública es solo la fachada y el verdadero trabajo ocurre en los márgenes, entre droguerías, bolsos, reformas exprés y cajas de seguridad. En ese punto, la causa se vuelve menos policial y más estructural: la radiografía de un Estado que, una vez más, parece incapaz de controlar a quienes lo administran.