La investigación judicial por presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo luego de que el juez federal Sebastián Casanello rechazara el pedido del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, para que se le devuelvan 80.000 dólares y 2.000 euros incautados durante allanamientos en su domicilio.

La resolución se da en el marco de una causa que analiza supuestas irregularidades en la compra de medicamentos de alto costo destinados a personas con discapacidad y beneficiarios de programas sociales. Tras el fallo, la defensa del ex funcionario apeló la decisión, por lo que ahora será la Cámara Federal la que determine si confirma o revoca la medida.

El argumento judicial para mantener el dinero incautado

Según la resolución firmada por Casanello, el dinero secuestrado podría constituir un elemento vinculado al delito que se investiga, por lo que resulta necesario conservarlo como posible garantía para futuras sanciones económicas, decomisos o reparaciones patrimoniales en caso de que la causa avance hacia un juicio oral.

La decisión judicial se apoyó además en el dictamen del fiscal Franco Picardi, quien se opuso a la devolución del dinero al considerar que la complejidad del expediente y la posible existencia de una red criminal justifican mantener la medida cautelar.

Desde la fiscalía sostienen que aún restan producir pruebas clave y que la eventual restitución podría entorpecer el avance de la investigación.

La defensa sostiene que el dinero es previo a su gestión

Los abogados de Spagnuolo argumentaron que la incautación carece de sustento, al señalar que los fondos permanecían guardados en una caja de seguridad sin movimientos desde abril de 2023, es decir, antes de que el ex funcionario asumiera al frente de la Andis, cargo que ocupó tras el cambio de gobierno con la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Pese a ese planteo, la Justicia consideró que el origen y la vinculación del dinero con los hechos investigados todavía deben ser analizados en profundidad.

Audios bajo sospecha y acusaciones cruzadas

El expediente se originó luego de la difusión pública de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que presuntamente reconocería la compra de medicamentos con sobreprecios y el pago de sobornos a otras dependencias estatales. El material fue difundido inicialmente en un canal de streaming y posteriormente incorporado a la causa judicial.

Sin embargo, la defensa del ex titular de Andis sostiene que los audios serían falsos y que podrían haber sido generados o manipulados mediante inteligencia artificial. A raíz de este planteo, la Cámara Federal ordenó la realización de una pericia técnica para determinar su autenticidad.

Incluso, un informe privado presentado por la defensa indicó un 65% de probabilidad de intervención tecnológica en los registros, aunque ese peritaje no fue considerado concluyente por la Justicia.

Una investigación con múltiples imputados

En la causa hay actualmente 16 imputados, investigados por integrar una presunta organización ilícita dedicada a direccionar compras de medicamentos mediante el uso irregular del sistema informático del organismo.

La hipótesis fiscal apunta a la participación de varias droguerías y funcionarios que habrían intervenido en el circuito administrativo para favorecer contrataciones con sobreprecios.

Durante una audiencia realizada en diciembre pasado, tanto Spagnuolo como representantes de empresas involucradas solicitaron el sobreseimiento, aunque esos pedidos fueron rechazados.

Cómo sigue el expediente

La Cámara Federal deberá resolver ahora si mantiene el secuestro del dinero o si accede al planteo de la defensa. En paralelo, el juez Casanello continúa reuniendo pruebas antes de cerrar la etapa de instrucción.

El futuro judicial del ex funcionario y del resto de los imputados dependerá de las conclusiones de la fiscalía y de la querella, encabezada por la Fundación Poder Ciudadano. Si los procesamientos quedan firmes, la causa podría avanzar hacia un juicio oral donde se evaluarán tanto los audios cuestionados como los dispositivos electrónicos secuestrados durante los operativos.